La democracia de Guatemala ha sufrido un nuevo embate. Armados con nuevos casos, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), presentó tres investigaciones que cuestionan la victoria del partido Semilla en las elecciones e intentan invalidar los resultados del 25 de junio de 2023. Estas acusaciones han generado una gran controversia en el país, y han sido condenadas por la comunidad internacional.
El primero de los casos es el conocido como «Firmas falsas». La FECI solicitó el retiro de antejuicio del presidente electo Bernardo Arévalo y del diputado electo Samuel Pérez. Aseguran que tienen más evidencia de que se falsificaron firmas para constituir a Semilla como partido y que por eso el partido no debería haber participado en las elecciones.
El segundo caso es el de «Financiamiento electoral no reportado», el cual involucra también a Arévalo. La fiscalía ha solicitado el retiro de la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo. Según el fiscal Rafael Curruchiche —incluido en la Lista Engel de Estados Unidos al ser declarado un «actor que favorece la corrupción»— Arévalo habría cometido el delito de lavado de dinero por un préstamo de $44,000 (euros) que el partido Semilla adquirió cuando él era representante legal. Curruchiche dijo que pedirán apoyo a Estados Unidos para rastrear el dinero, con apoyo del FBI o de la DEA. El jefe de la FECI asegura que hay anomalías contables en el financiamiento de Semilla. Por ejemplo cita que hay recibos en los que «los donantes no firmaron».
El tercer caso es el que ha encendido todas las alertas. Denominado «Elecciones Nulas», el título revela la intención. El MP asegura que terceras personas en el Centro de Cómputo (conocido como «digitadores», que son los encargados del manejo de la data), alteraron los datos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). De acuerdo con los fiscales, sucedieron tres cosas. Primero, que las actas de los resultados no cumplen con los «requisitos legales», pues tienen inexactitudes y que por esa razón, no deben ser tomadas en cuenta para el conteo final de votos. Segundo, que las actas de cierre de escrutinio «habrían sido alteradas». El MP tiene como pruebas las supuestas declaraciones de trabajadores del TSE en el anonimato. Y tercero, que hay algunas actas que el «TSE no entregó» ocultando así, supuestamente, miles de votos válidos.
Sin embargo, el caso no cuenta con bases sólidas. Todos los alegatos que hace la fiscalía son, según expertos en el proceso electoral, cuestionables dado que en septiembre, el MP secuestró —con el uso de la fuerza policial— la evidencia electoral que estaba
