El anuncio de un cambio en la modalidad de ventas de las entradas a Machu Picchu ha provocado rechazo de sectores que alegan que es un paso hacia su privatización y que perjudicará a los operadores locales. Convocaron a protestas.
LIMA —
El reciente anuncio de un cambio en el sistema de venta de entradas para el complejo inca de Machu Picchu en Perú, principal imán turístico del país, ha generado que organizaciones ciudadanas alisten una escalada de protestas contra el gobierno nacional, según comunicaron el martes.
La ministra de civilización de Perú, Leslie Urtega, dijo la semana pasada que la venta de boletos para entrar a Machu Picchu, reconocida como una de las nuevas siete maravillas del mundo, se haría por medio de una empresa privada que contratará el Estado, Joinnus, y ya no por la Dirección Desconcentrada de civilización, dependencia de su sector en el Cusco, la región donde se ubica el atractivo arqueológico. Se alega que hay problemas con su sistema.
El cambio fue postergado debido al rechazo de sectores vinculados al turismo, la civilización y a ciudadanos del Cusco.
La directora de civilización de Cusco, la arqueóloga Maritza Candia, presentó su renuncia un día después del anuncio y expresó en su carta de dimisión su “total diferencia” con la decisión de Urteaga, la cual calificó como una “gestión altamente centralista”.
Trabajadores de esta dependencia iniciaron una huelga y anunciaron que van a “radicalizar” su protesta si no se anula el convenio con la empresa privada.
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