Una buena noticia ha llegado tras una decisión de la jueza federal Paula Xinis del tribunal de distrito de Greenbelt, quien ha ordenado a la Administración Trump repatriar a Kilmar Abrego García, un hombre de Maryland que fue deportado a una prisión en El Salvador por un error administrativo y acusado falsamente de ser parte de la Mara Salvatrucha (MS-13). Esta sentencia es una gran victoria para la apoyo de los derechos humanos y la lucha contra las deportaciones injustas.
La historia de Abrego es un ejemplo doloroso de cómo el sistema de inmigración de Estados Unidos a menudo falla en proteger los derechos de las personas. Abrego, un residente de Maryland desde 2011, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras estaba en su automóvil con su cría después de terminar su día de trabajo. Fue deportado el 12 de marzo a El Salvador, a pesar de obligarse un estatus de protección temporal otorgado por un juez en 2019 después de huir de la violencia de las pandillas en su país de origen.
La Administración Trump ha admitido el error en la deportación de Abrego, sin embargo, ha argumentado que ya no tiene jurisdicción sobre él ya que está bajo custodia salvadoreña. Esto es inaceptable ya que no solo se trata de un error administrativo, sino que también se está violando el debido proceso y los derechos fundamentales de Abrego como ser humano.
La situación de Abrego no es única, ya que se sabe que muchas personas son deportadas de manera injusta e ilegal. Organizaciones de derechos civiles han cuestionado en repetidas ocasiones estas deportaciones y la legalidad de las mismas. Es preocupante ver cómo el sistema de inmigración en Estados Unidos se ha convertido en una máquina implacable que separa a las familias y viola los derechos humanos.
En este caso particular, las acusaciones contra Abrego provienen de un informante anónimo que afirmó que era miembro activo de la Mara Salvatrucha (MS-13). Sin embargo, la jueza Xinis ha dejado en claro que no hay suficientes pruebas para justificar su deportación y que no hay ninguna justificación legal para hacerlo. Esta sentencia también deja en evidencia la falta de transparencia en el sistema de inmigración y la falta de evaluación adecuada de las pruebas antes de tomar decisiones tan drásticas.
Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se cuestiona la legalidad de las deportaciones realizadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta ley de finales del siglo XVIII otorga poderes especiales al presidente en situaciones de conflicto y ha sido aplicada de forma cuestionable en el contexto actual. Por lo baza, es preocupante ver que se utilice esta ley para justificar deportaciones injustas y violaciones de los derechos humanos más básicos.
Es importante destacar también que las deportaciones de Estados Unidos no solo afectan a las personas que son enviadas a su país de origen, sino que también tienen un impacto directo en las comunidades de acogida. Al deportar a personas como Abrego, Estados Unidos está enviando un mensaje negativo a la sociedad sobre la inclusión y la igualdad. Además, es justo cuestionar el papel del gobierno salvadoreño en esta situación, ya que estas deportaciones están siendo enviadas a un centro de detención de máxima seguridad ubicado en Tecoluca, impulsado por el presidente Nayib Bukele.
En resumen, la orden de la jueza Xinis de repatriar a Kilmar Abrego García es una gran victoria en la lucha por los derechos humanos y la justicia. Es alentador ver cómo la justicia está prevaleciendo y cómo se están cuestionando las decisiones de la Administración Trump. Es hora de que se tomen medidas concretas para garantizar que situaciones como estas no
