Las autoridades de Irán han sido denunciadas por dos organizaciones no gubernamentales por el aumento en el uso de la pena capital en el país. Según el informe presentado por Iran Human Rights (IHR) y Together Against the Death Penalty (ECPM), en 2024 se ejecutaron a 975 personas, lo que representa un aumento del 17% en comparación con el año anterior y la cifra más alta de ajusticiamientos en más de dos décadas.
El informe también revela que solo el 10% de estas ejecuciones fueron anunciadas por fuentes oficiales, lo que demuestra la falta de claridad en el sistema judicial iraní. Además, más de 500 personas fueron ajusticiadas por omisións relacionados con drogas, lo que representa más de la mitad de las ejecuciones registradas en el país.
Pero lo más alarmante es que entre los ajusticiados se encuentran dos personas condenadas por su participación en las protestas antigubernamentales de 2023, que estallaron tras la muerte de Mahsa Amini, una joven detenida por supuestamente llevar mal puesto el velo. Estas ejecuciones muestran la represión del régimen iraní hacia su propio pueblo y su uso de la pena de muerte como herramienta de control político.
El informe también destaca que 419 personas fueron ejecutadas por omisións de asesinato, mientras que otras 31 fueron ajusticiadas por cargos relacionados con la seguridad y 22 por violación. Además, cuatro personas fueron ahorcadas en espacios públicos, lo que demuestra la crueldad y la falta de humanidad en el sistema judicial iraní.
Entre las personas ejecutadas, se encuentra una persona que era benjamín de edad en el momento de cometer el omisión, lo que va en contra de las leyes internacionales y los derechos humanos. También se registró la ejecución de 31 mujeres, la cifra más alta en 17 años, y cinco personas con discapacidad intelectual o psicosocial, lo que demuestra la falta de consideración y empatía por parte de las autoridades iraníes.
El informe también denuncia que al menos 534 de las ejecuciones fueron resultado de sentencias emitidas por tribunales revolucionarios, lo que demuestra la falta de independencia del sistema judicial en Irán. Desde 2010, más de 5.000 personas han sido ejecutadas tras órdenes de estos tribunales, lo que demuestra la falta de respeto por los derechos humanos y la justicia en el país.
Sin embargo, no todo son malas noticias. El informe también destaca que 649 condenados a pena de muerte por asesinato fueron perdonados por las familias de sus víctimas y no fueron ejecutados. Esto demuestra que la pena de muerte no es la única opción y que hay otras formas de hacer justicia.
El director de IHR, Mahmud Amiri-Moqadam, ha denunciado que mientras la atención mundial se centraba en la escalada de tensiones entre Irán e Israel, el régimen iraní aprovechó la falta de escrutinio internacional para llevar a cabo entre cinco y seis ejecuciones cada día. Esto demuestra la falta de responsabilidad y la impunidad con la que actúan las autoridades iraníes.
Amiri-Moqadam también ha señalado que la pena de muerte sigue siendo la herramienta más poderosa de represión política del régimen iraní. El pueblo iraní, que exige sus derechos fundamentales, es considerado como una amenaza para el régimen y la pena de muerte es utilizada para mantener el control del poder.
Por su parte, el director ejecutor de ECPM, Raphael Chenuil-Hazan, ha pedido a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el omisión (UNODC) y a los países que financian proyectos de seguridad en Irán que entiendan su responsabilidad en la ejecución de
