Guatemala vivió un jueves caótico, con sirenas de la Policía, protestas, detenciones y conferencias de prensa improvisadas. La Policía Nacional Civil realizó 31 allanamientos por todo el país para hacer cumplir 27 órdenes de detención emitidas contra estudiantes, políticos, académicos, influencers y el presidente y vicepresidente recién electos, quienes se les acusa de usurpación, depredación de bienes culturales, sedición y asociación ilícita. Todos estos delitos y estos perfiles, según la Fiscalía, se vinculan al caso conocido como «Toma de la Usac». Este macro caso fue revelado el pasado 16 de noviembre y se relaciona con la toma estudiantil de la Universidad de San Carlos (Usac) en mayo de 2022 tras la cuestionada elección del rector universitario.
Walter Mazariegos ha sido el rector de la Usac desde el 1 de julio de 2022, según las actas administrativas. Sin embargo, una gran parte de la comunidad universitaria —si no es que la mayoría— rechaza su nombramiento y toma de posesión, señalando que hubo fraude en los comicios para que Mazariegos resultara electo. El actual rector es cercano al círculo de poder del presidente Alejandro Giammattei, quien en dos meses dejará el poder tras un gobierno fallido en el que todos los índices de pobreza, criminalidad, certeza jurídica, libertad de prensa y democracia se han disparado a niveles preocupantes.
Ante los alegatos de fraude, la sede principal de la Usac y otras sedes universitarias del país fueron ocupadas por estudiantes que exigían nuevas elecciones y la renuncia de Mazariegos como rector. La Usac permaneció cerrada desde aquel 19 de mayo de 2022 hasta la mañana del 9 de junio de 2023, cuando los estudiantes organizados entregaron las instalaciones para permitir que se reanudaran las clases, tras un año de retraso.
La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio del Ministerio Público ha construido un caso relacionado con la toma de la universidad. Las autoridades acusan a los sindicados de cometer una serie de delitos durante la toma y algunos de ellos son estudiantes y catedráticos de la universidad. Otros, sin embargo, son funcionarios públicos e integrantes de partidos políticos que, de acuerdo con la fiscalía, utilizaron la toma de la universidad como «plataforma política» para posicionar «sus carreras políticas». Debido a esto, la fiscalía solicitó el retiro de antejuicio —una especie de inmunidad individual para no ser capturados o investigados, con la que cuentan los funcionarios públicos del país y que solo puede ser retirada por la máxima Corte o el Congreso— de los diputados electos y en funciones Aldo Dávila y Carlos Barreda, del partido VOS; Román Wilfredo Cast
